“La justicia bajo sospecha”
La reciente conversación en Nina Radio sobre la situación del sistema judicial y las movilizaciones nacionales vuelve a poner en evidencia los graves problemas estructurales que enfrenta el Ecuador: la falta de independencia en la justicia, la manipulación política de las instituciones y la creciente polarización que divide al país.
El nombramiento del fiscal Carlos Alarcón y los cambios en el Consejo de la Judicatura han generado sospechas legítimas sobre la transparencia de los procesos y la verdadera autonomía de la justicia. No se trata solo de nombres o cargos, sino de un patrón que se repite cada vez que un nuevo gobierno llega al poder: el intento de controlar el aparato judicial como instrumento político. Esa práctica debilita el Estado de derecho y mina la confianza ciudadana en las instituciones, que ya se encuentran profundamente desgastadas.
La crítica sobre una posible “toma del sistema judicial” refleja una preocupación generalizada en la sociedad: la justicia parece responder más a intereses de grupos o partidos que a los principios constitucionales. La falta de independencia judicial ha sido una constante en las últimas administraciones, y el caso actual no parece ser la excepción. Mientras los nombramientos se deciden entre pactos y cuotas políticas, los procesos por corrupción, narcotráfico o abuso de poder quedan paralizados o manipulados.
Al mismo tiempo, el país vive un ambiente de alta tensión social. Las movilizaciones convocadas por la Conaie y las respuestas del gobierno evidencian una relación fracturada entre el poder político y las organizaciones sociales. El Ejecutivo, en lugar de buscar el diálogo, ha optado por una narrativa de confrontación, calificando a los manifestantes de “terroristas” o “vándalos”. Esta estrategia, lejos de pacificar, agrava el conflicto y empuja a la ciudadanía a elegir entre dos polos: el oficialismo o la resistencia.
La polarización política se ha vuelto un obstáculo para la solución de los problemas reales del país: el desempleo, la pobreza, la falta de servicios de salud y educación, y la inseguridad. En medio del ruido político, los temas sociales se diluyen. Las comunidades más afectadas por la crisis económica —campesinos, pueblos indígenas, trabajadores informales— siguen sin respuesta del Estado, mientras las élites políticas disputan el control institucional.
Por otro lado, el uso de la desinformación se ha convertido en un arma poderosa. Tanto el gobierno como algunos sectores opositores manipulan los hechos para sostener sus narrativas. Las redes sociales amplifican versiones parciales, generando confusión y miedo. En este escenario, la ciudadanía pierde el acceso a información veraz y equilibrada, y la opinión pública se construye a partir de rumores, discursos de odio y propaganda.
La violencia que ha acompañado las protestas recientes demuestra que el país atraviesa una crisis de gobernabilidad más profunda. Cuando las fuerzas de seguridad y los manifestantes se enfrentan, las consecuencias son irreparables. Cada víctima es una muestra de la incapacidad del Estado para resolver los conflictos mediante el diálogo.
El Ecuador necesita un proceso serio de reconstrucción institucional. Mientras la justicia siga siendo manipulada, la política se base en el enfrentamiento y las protestas sean reprimidas sin atender sus causas, el país continuará en un ciclo de crisis y desconfianza. La independencia judicial, el respeto a los derechos humanos y la apertura al diálogo no pueden ser consignas vacías: son condiciones necesarias para evitar que la democracia se convierta en una simple fachada.
