En el tema del reemplazo de Villavicencio, decenas de voces se han alzado para invocar los principios constitucionales de participación política por encima de los requisitos establecidos en leyes y reglamentos. Pedirle eso a Diana Atamaint es una pérdida de tiempo: ella no entiende un carajo.
De Diana Atamaint y sus cómplices (Pita, Acero, Cabrera) conocíamos su pusilanimidad y su tibieza, esa suerte de insipidez intelectual y humana que los incapacita para guiar un proceso electoral con la amplitud de miras que requiere la democracia. Conocíamos su obsecuencia con los poderes políticos a los que sirven y de los que depende la satisfacción de sus mezquinas ambiciones: mantener el carguito, cobrar el sueldito, conservar la oficinita con vistas al Pichincha, recibir una plaquita de reconocimiento extendida por gente más insustancial que ellos, si tal cosa cabe… En fin: sueños de perro. Sabíamos de su cobardía para refugiarse tras leguleyadas insólitas y justificar así su pasividad ante la trampa y el abuso, la manipulación y el engaño que deberían controlar pero que socapan y hasta promueven. Todo eso ya sabíamos. De lo que no teníamos pruebas contundentes, aunque sí motivos de sospecha, es de la pequeñez de su alma. Y esta quedó de expuesta con toda su miserable rotundidad en la última semana.
Es una gran desgracia para el país tener unas autoridades electorales incapaces de reaccionar con grandeza de espíritu ante el crimen que tiñó las elecciones, la situación más dramática y extrema desde el retorno de la democracia. Burócratas de cuarta convencidos de que su obligación constitucional de garantizar la democracia es un trabajo administrativo como cualquiera (inspectores de estancos deberían ser si se pudiera confiar en ellos), no tienen el corazón ni las neuronas para comprender siquiera la dimensión de la tragedia: la de Fernando Villavicencio, asesinado por unas mafias que tienen el interés puesto en el proceso, y la del país entero que con este crimen entra en una deriva que ya atrapó a otros países y de la que no se sale sino al término de sangrientos años; una deriva de violencia y corrupción que no se arregla con policías bien equipados, como creen los más tontos. Nada de eso, claro, tiene que ver en absoluto con Diana Atamaint y sus cómplices: no consta en el reglamento. A ellos háblenles del trámite del día, del sellito que falta en el papelito que firmaron.
Contó Andrea González Nader, la candidata a la vicepresidencia, que tras el asesinato de Villavicencio, ese mismo día, recibió una llamada de la autoridad electoral colombiana, poniéndose a las órdenes. Y de la ecuatoriana, seis días más tarde, un boletín de prensa en el que tienen el descaro de proclamar su “apoyo permanente”: “Es así que, una vez conocido el lamentable hecho, de manera inmediata, se convocó a todas las organizaciones políticas de ámbito nacional para presentar nuestra solidaridad”. Parece un chiste. Ni siquiera se dignaron contestar las consultas que (tal vez equivocadamente) les dirigió su movimiento para saber a qué atenerse: tres días los dejaron en el limbo. Ni siquiera le permitieron, a ella y a Christian Zurita, reemplazo de Villavicencio, entrar como espectadores en el debate presidencial. Hay que ser miserables. Y argumentaron, claro, que faltaba un papelito, con un sellito y una firmita. Enanos mentales.
En el tema del reemplazo de Villavicencio, decenas de voces se han alzado para invocar los principios constitucionales de participación política por encima de los requisitos establecidos en leyes y reglamentos. Pedirle eso a Diana Atamaint es una pérdida de tiempo: ella no entiende un carajo. Estamos hablando de la funcionaria que explicó, en entrevista con Juan Carlos Aizprúa de Ecuavisa, que no puede controlar la propaganda electoral que no haya autorizado, por sucia y tramposa que sea, porque le falta el papelito. Y la que sí ha autorizado, claro, no la necesita controlar, ¡obvio!, porque ya está autorizada. Ese es el tamaño moral e intelectual de Atamaint y sus cómplices.
