El debate sobre una nueva Asamblea Constituyente divide opiniones en Ecuador
El abogado y analista político Juan Esteban Guarderas planteó en una entrevista con Nina Radio que el Ecuador necesita una Asamblea Constituyente para reemplazar la actual Constitución de Montecristi, la cual, según él, ha limitado la lucha contra la corrupción, el crimen organizado y el fortalecimiento institucional. Sin embargo, aunque su propuesta ha generado expectativa en algunos sectores, también despierta dudas sobre la viabilidad y los riesgos de abrir un nuevo proceso constituyente en el actual contexto político.
Guarderas argumentó que la Constitución vigente es “garantista” y ha provocado una justicia ineficiente. Puso como ejemplo que existen 1.500 personas con arresto domiciliario en el país, lo que implica que miles de policías y patrulleros se encuentren vigilando casas, en lugar de combatir la delincuencia. “Es una mala Constitución; para luchar contra el crimen necesitamos la salida de la Constituyente”, afirmó.
El analista también criticó el funcionamiento del sistema electoral y de partidos políticos, señalando que el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) no ejercen controles reales sobre el gasto de campaña ni sancionan irregularidades. “El CNE no está obligado a fiscalizar y el TCE no actúa de oficio. Nadie controla el financiamiento político, y eso debe cambiar desde la Constitución”, enfatizó.
Como alternativa, Guarderas propuso que la nueva Asamblea Constituyente incluya representantes de la sociedad civil, como gremios, universidades y colegios profesionales, para evitar que los partidos políticos se repartan nuevamente el poder. “Debe permitirse la participación de ciudadanos sin filiación partidista; no podemos repetir los errores del pasado”, sostuvo.
Asimismo, sugirió que la nueva carta magna reconozca a los ciudadanos como víctimas directas de la corrupción, lo que permitiría que particulares impulsen juicios cuando el Estado no actúe. “La corrupción nos afecta a todos, no solo al Estado”, indicó, defendiendo una visión más participativa y vigilante de la justicia.
Sin embargo, pese a la solidez de algunos argumentos, expertos advierten que la Constituyente no es una solución mágica. La ineficiencia del Estado, la inseguridad y la corrupción no dependen únicamente de la Constitución, sino también de la falta de voluntad política, la debilidad institucional y la cooptación partidista. Cambiar la carta magna sin cambiar a quienes la aplican podría conducir a una nueva concentración de poder, como ocurrió tras la Constituyente de 2008.
Además, la idea de excluir a los partidos y entregar el protagonismo a los gremios o colectivos ciudadanos, aunque atractiva, enfrenta dificultades prácticas. Muchos de estos sectores también están atravesados por intereses políticos o económicos, lo que hace difícil garantizar su neutralidad.
En ese sentido, el llamado a “abrir los brazos” a la Constituyente, como lo expresó Guarderas, contrasta con la necesidad de un debate más profundo sobre los riesgos institucionales y económicos que implicaría el proceso. Si el pueblo ecuatoriano aprueba la consulta del 16 de noviembre, el país deberá definir quiénes redactarán la nueva Constitución y cómo evitar que el poder vuelva a concentrarse en manos de pocos.
La discusión sobre la Constituyente, por tanto, se mueve entre la esperanza de una renovación política y el temor de repetir errores históricos. Para que el cambio sea real, coinciden varios analistas, no bastará con escribir una nueva carta magna: hará falta ética, liderazgo y compromiso ciudadano para que esta vez la Constitución no sea solo un documento más, sino el reflejo de un país que busca reinventarse con responsabilidad.
La consulta popular del 16 de noviembre definirá si el pueblo ecuatoriano aprueba o no el inicio del proceso constituyente.
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