Un documento inconsistente, es decir, carente de sustento documental es el que emitió en las últimas horas el Prefecto de Pastaza, con el genérico de Prefectura, sin firma de responsabilidad concreta.
Su desesperación se agudiza cuando los tiempos corren y el 1 de junio deben reunirse las juntas Parroquiales para designar a los nuevos 3 miembros como consejeros provinciales en reemplazo de los actuales que actuaron en concomitancia con el Prefecto Jaime Guevara. Los Presidentes de las Juntas Parroquiales de Fátima, Madre Tierra y Curaray, inclusive pueden merecer acciones legales por no actuar en la tarea fiscalizadora.
Jaime Guevara busca sustento en los documentos del Tribunal Contencioso Electoral, (TCE), aunque ninguno de ellos le dice taxativamente que puede ejercer la Prefectura. El TCE dispuso ciertamente que Jaime Guevara puede ser candidato pero nunca explicitó que deberá, obligatoriamente, ejercer el cargo para el que fue elegido. Es que el TCE no puede irse contra leyes expresas y este es el caso de la LOSEP, cuyo Art. 15 dispone, sin lugar a equívocos, que quien fuere destituido de una institución, podrá volver al sector público, luego de dos años de inhabilidad, pero a la institución de los cual fue destituido, NO PODRÁ REINGRESAR NUNCA MAS. Y sin embargo, ahí está.
De lo que se continúa leyendo en el documento, el Prefecto Guevara actúa con respecto del TCE como si fuera su aliado incondicional, lo refiere nuevamente con un oficio que ha enviado en agosto de 2020 a la Contraloría, delegación Pastaza, al Ministerio del Trabajo y a la Fiscalía. No se expone el texto del oficio del TCE y tampoco a respuesta de los organismos del estado invocados. Debe recordarse que casi un año antes, el Contralor Pablo Celi emitió un documento mediante el cual disponía a la Contraloría, delegación Pastaza, realice la investigación preliminar sobre la actuación de los consejeros provinciales de mayoría, denunciados ya ante la Fiscalía general del Estado.

Oficio del Contralor Pablo Celi, para que se de seguimiento a la actuación de los Consejeros Provinciales en la aplicación de la Ley, dentro de sus facultades fiscalizadoras…
Demanda presentada ante la fiscalía y que también «duerme el sueño de los justos»…
Ninguno de estos documentos han sido tramitados, ni por la Contraloría ni por la fiscalía. El Ministerio del Trabajo ya emitió su pronunciamiento en varias oportunidades.
Jaime Guevara, ha solicitado a su aliado el TCE, una nueva documentación. Con fecha 21 de mayo 2021, el organismo, según el documento del Prefecto, emite un pronunciamiento donde se especifica que Jaime Guevara “no ha sido sancionado con la suspensión de sus derechos políticos”. Por sí y ante sí, el Prefecto deduce que por eso “no tiene prohibición de ejercer el cargo de Prefecto provincial”. Eso, seguramente, no dice el documento y solo es una deducción personal. El señor prefecto debería exponer a la ciudadanía el documento del TCE.
El comunicado del Prefecto termina con una severa amenaza a la Vice Prefecta y a quienes estén en su entorno. Invoca 6 artículos del COIP. “Solicitamos a la Fiscalía General del Estado, se investiguen los hechos e impongan sanción a los responsables”, expone Guevara.
No aparece la denuncia ala fiscalía, lo cual convierte al documento en un simple enunciado, que no invoca nombres, que no denuncia a nadie y pretende hacerlo a todos. No exhibe documentación alguna de sustento, señala supuestos como si fueran hechos consumados. En resumen, Jaime Guevara Blaschke, (quien no ha querido aceptar una invitación de Nina Radio, para una entrevista), esta con un pie en el estribo, “bajándose, no subiéndose…”, como dijo un acucioso radioescucha de nuestra radio estación.