Fueron a lo mejor los 30 muertos que describe periodismo de investigación, porque este ha sido un secreto a voces que lo sabe todo Napo, expresó el ab. Andrés Rojas, abogado defensor de la naturaleza y los derechos humanos.
Periodismo de investigación relata en su última edición que ciudadanos caían a los socavones forjados por las máquinas y que incluso allí los cubrían con el propio material. Les enterraban como perros, dijo un habitante que prefirió el anonimato.
Sobre la complicidad de las autoridades no es difícil colegir que tanto silencio encierra misterio. Resaltó el Ab. Rojas que asombra realmente el silencio de la asambleísta Rosa Cerda, quien hasta ahora y siendo militante de Pachakutik que se entiende es defensora de los derechos de la naturaleza, no ha dicho, “esta boca es mía”.
Son los mineros sin rostro, las víctimas que tampoco tienen nombre y por los que los guardianes de lo ilegal, pagaban una cierta cantidad de oro, revelan los periodistas, para comprar el silencio.
Llama la atención, por ejemplo, continuó el Ab. Andrés Rojas, la prefectura que, si tiene competencia para proteger el medio ambiente, haya guardado silencio y permitido el uso de la gabarra institucional para llevar maquinaria a la actividad ilegal minería en Yutzupino.
Conociendo que existe minería ilegal, se permitió el traslado de maquinaria al lugar, condenó Andrés, “no es posible que bienes públicos sean utilizados para estos fines; la prefecta de Napo tiene competencia para cuidar los ríos y no lo hizo”.
Hizo un llamado a las autoridades de Quito para que se den nombres a través de los dueños de la maquinaria y se llegue a esclarecer los responsables de la minería ilegal, concluyó Andrés Rojas.
