Wilson Pástor y Rafael Correa cuando hacían de las suyas con los contratos petroleros
Lo que pasó con PERENCO y al país le corresponde pagar como 400 millones de dólares es parte de una cadena que ya comenzó antes y que no terminará con esto, dijo a Nina Radio Henry Llánez, experto en estos temas.
Ya antes, Ecuador había perdido en laudos arbitrales con Burlington, 400 millones de dólares, 1.150 millones con la OXI, también pierde con TEXACO. Y todos estos arbitrajes los pierde, no porque nos enfrentamos a transnacionales sino por tontos, irresponsables y corruptos, subrayó Henry Llánez.
Haber reformado la Ley vía decreto e imponer una resolución, una disposición para la empresas en la participación de las ganancias extraordinarias, hasta el 99 por uno, significa que el ex presidente Correa ni siquiera leyó la Ley y tampoco leyó el contrato. Si algo quería modificar en el contrato debía hacerse en un acuerdo entre las partes y no como hizo, continuó el experto.
Claro que se veía bien incluso el cambio que hizo Alfredo Palacio pero no, es no es la forma porque los contratos petroleros y todo contrato en que interviene el Estado, “es ley para las partes”, continuó Henry. Si algo de eso quería hacer debió hacerlo operando en la caducidad del contrato…
Correa decía las cosas para la televisión, para las sabatinas y no técnicamente como debió procederse; por ello, varias compañías demandaron al Estado ecuatoriano en tribunales internacionales que ahora con sus fallos obligan a pagar sumas millonarias que ahondan la crisis en que el país vive actualmente.
Lo sucedido con el caso PERENCO, es resultado del abuso de poder del gobierno de Correa, de un régimen político que vapuleó la institucionalidad del país.
El fallo a favor de PERENCO por USD 412 millones, es un tercer caso, después de lo que sucedió con el fallo arbitral a favor de BURLINGTON por un monto de USD 379.8 millones, hecho que se dio el 7 de febrero de 2017. A estos dos casos hay que agregar el fallo arbitral a favor de Occidental por un monto que superó los USD 1.000 millones.
En todo caso, Correa y a quienes formaron parte de su gobierno deben responder por los enormes perjuicios económicos causados al Estado a través del juicio de repetición, porque ellos manejaron la ley y los contratos de manera irresponsable violando la institucionalidad del país.
Henry Llánez Suarez, analista petrolero
