“¿Reforma o reconfiguración del poder? El trasfondo político de la nueva Constitución”
Puyo, Pastaza. – En diálogo con NINA Radio, el abogado André Santos —de 35 años, máster en Relaciones Internacionales y autor de un libro sobre protección ambiental— encendió el debate nacional al sostener que Ecuador necesita una nueva Constitución para corregir las fallas estructurales del sistema judicial. Sin embargo, su propuesta abre también interrogantes sobre los verdaderos alcances de este cambio y sobre si una nueva carta magna podrá, por sí sola, garantizar una justicia libre de corrupción.
Santos aseguró que la Constitución de Montecristi (2008), actualmente en vigencia, “ha blindado a los jueces y fiscales corruptos”, otorgándoles amplias libertades para decidir sobre la prisión preventiva incluso en delitos graves como secuestro, sicariato o crimen organizado. “Gracias a esa rigidez constitucional, muchos delincuentes peligrosos son liberados en menos de 24 horas”, afirmó el jurista, quien señaló como ejemplo el artículo 77, que, según él, “protege la discrecionalidad judicial y fomenta la impunidad”.
El abogado explicó que las reformas legales impulsadas por el Ejecutivo —como la Ley de Integridad Pública y la Ley de Solidaridad— fueron bloqueadas por la Corte Constitucional, lo que, a su juicio, “demuestra que el sistema actual impide sancionar a jueces corruptos y obstaculiza los cambios que el país necesita”. Según Santos, solo una Asamblea Constituyente podría modificar ese marco jurídico.
No obstante, su visión ha generado dudas y críticas. Algunos analistas advierten que detrás de la idea de una nueva Constitución podría esconderse un intento de reconfigurar el poder político, más que una verdadera regeneración del sistema de justicia. En la historia reciente del país, los procesos constituyentes han tendido a concentrar el poder en nuevos grupos dominantes, sin resolver las causas de fondo de la corrupción o la ineficiencia judicial.
Durante la entrevista, el periodista Salomón cuestionó además la legitimidad de los procesos de designación de autoridades judiciales, señalando que “los concursos son amañados y perpetúan la impunidad”. Santos coincidió y propuso que los altos cargos judiciales sean designados directamente por el Ejecutivo y el Legislativo, al estilo de Canadá o Estados Unidos, para “garantizar la responsabilidad política de sus decisiones”.
En otro tramo del diálogo, el abogado se refirió a la justicia indígena, advirtiendo que la Corte Constitucional “ni siquiera sabe cómo interpretarla”, lo que —dijo— ha generado contradicciones y abusos. Sin embargo, su postura también fue vista como una señal de posible retroceso en materia de derechos colectivos, ya que la Constitución de 2008 fue pionera en reconocer el pluralismo jurídico y las jurisdicciones ancestrales.
Santos subrayó que el proceso constituyente planteado por el Gobierno contempla tres etapas: una consulta popular en noviembre para aprobar la convocatoria, elecciones de asambleístas constituyentes en marzo o abril, y una votación final para ratificar la nueva carta magna en noviembre del próximo año. “Si elegimos bien, podremos construir una Constitución que devuelva la justicia al país; si elegimos mal, repetiremos los errores de Montecristi”, enfatizó.
Aun así, los expertos insisten en que el problema del Ecuador no radica únicamente en el texto constitucional, sino en la falta de ética, transparencia y meritocracia en quienes aplican la ley. “Cambiar la Constitución no garantiza cambiar la corrupción”, señalan varios juristas.
El debate, lejos de cerrarse, apenas comienza. Entre la necesidad de reformar una justicia debilitada y el riesgo de abrir la puerta a un nuevo reparto de poder, el país se enfrenta a una disyuntiva crucial: refundar el sistema judicial o reformar la cultura política que lo sostiene.
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