“Santiago Becdach denuncia manipulación judicial y advierte: la justicia electoral está siendo tomada por intereses políticos”
El analista político y excandidato al Consejo de Participación Ciudadana, Santiago Becdach, cuestionó la reciente decisión de un juez que, según indicó, modificó una sentencia emitida por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE). El hecho, que calificó como una grave vulneración a la seguridad jurídica, ha reavivado el debate sobre la independencia judicial y la manipulación política de la justicia en el país.
Durante una entrevista con Lina Radio, Becdach explicó que “una sentencia no puede ser modulada por un auto y menos con efectos no previstos en la ley”. Afirmó que esta acción carece de sustento jurídico dentro del Código de la Democracia y del propio reglamento del TCE, que establece que sus resoluciones son “de último y de inmediato cumplimiento” y no pueden ser objeto de revisión alguna.
El excandidato sostuvo que los denunciantes no fueron tomados en cuenta durante el proceso, violando el principio de contradicción. “Se benefició a los sentenciados, pero los denunciantes no fuimos notificados ni considerados en el trámite”, denunció, al tiempo que advirtió que esta situación podría convertirse en jurisprudencia si no se presentan los recursos pertinentes.
Becdach señaló además que el juez responsable habría contradicho sus propios criterios en procesos anteriores, al haber emitido previamente un auto en el que reconocía que una sentencia no podía modificarse. “Tres días después, sin explicación, cambió su posición y alteró dos sentencias: la de la fiscal Diana Salazar y la de la llamada Liga Azul”, señaló.
Frente a esta situación, el denunciante anunció que se presentarán los recursos legales necesarios, incluida una acción extraordinaria de protección, para evitar que el fallo quede en firme. “No puede ser que la seguridad jurídica se vulnere de esta manera. Los funcionarios deben actuar en derecho y con transparencia”, subrayó.
Sin embargo, más allá del reclamo individual, el caso revela un problema estructural en el sistema judicial ecuatoriano, que continúa arrastrando vicios de dependencia política. Becdach advirtió que muchos jueces aún provienen de designaciones realizadas durante el correísmo, lo que, según dijo, mantiene una justicia “tomada y manipulada”. Esta situación, sostuvo, podría favorecer a determinados actores políticos que buscan blindarse judicialmente con fines electorales.
El hecho no solo pone en duda la actuación de un juez, sino que cuestiona la estabilidad institucional del país, donde decisiones judiciales pueden revertirse según las conveniencias del poder. De confirmarse esta tendencia, la justicia electoral corre el riesgo de convertirse en un instrumento político más, debilitando el principio de legalidad y la confianza ciudadana.
En el ámbito político, Becdach se pronunció también sobre la propuesta de una Asamblea Constituyente, respaldando el “sí” e insistiendo en que Ecuador necesita una nueva Constitución “más práctica, moderna y adaptada a la realidad económica”. Propuso restablecer los tres poderes del Estado, eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, implementar un sistema legislativo bicameral y fortalecer la independencia judicial.
No obstante, el debate sobre una nueva Carta Magna se cruza con un momento de alta fragilidad institucional, donde la justicia aún es percibida como un espacio permeable a intereses y presiones. En este contexto, la denuncia de Becdach trasciende su caso particular y se convierte en una advertencia sobre la erosión de la seguridad jurídica y la necesidad de una profunda reforma judicial.
“El país necesita instituciones sólidas, justicia independiente y un cambio estructural que devuelva la confianza a los ciudadanos”, concluyó el analista
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