Aproximadamente 3 millones de dólares gastará la Empresa Eléctrica Ambato S.A. (EEASA) jurisdicción Pastaza, en la ejecución de varias obras eléctricas. La denuncia por un presunto desacato a la Ley Amazónica y marginación a profesionales de Pastaza fue presentada en la delegación provincial de la Contraloría del Estado.
Un grupo de profesionales eléctricos de la provincia de Pastaza acompañados por el legislador Henry Moreno, este 12 de mayo del 2021, acudieron hasta las instalaciones de la delegación provincial de la Contraloría General, el motivo fue presentar una denuncia por sentirse marginados de los contratos de obras que desarrolla la Empresa Eléctrica Ambato S.A. (EEASA)
Se evidencia en los últimos meses, el segundo reclamo de los profesionales eléctricos, anteriormente a través de un plantón ya expresaron su molestia, pero sin respuesta positiva de las autoridades locales y la gerencia general de la Empresa cuya sede está en la ciudad de Ambato.
Santiago Sancho, quien funge como presidente de la Pre-asociación de constructores eléctricos de Pastaza, expresa que se está vulnerando sus derechos, ya que con justificativos inusuales la EEASA les han marginado de ser acreedores de los contratos luego de haber cumplido todos los parámetros de contratación y haber ofrecido la propuesta económica más baja.
El contrato de obras consistiría en electrificar y mejorar el servicio en las parroquias y comunidades de la provincia de Pastaza, cuyo presupuesto alcanzaría los 3 millones de dólares. Según indica el dirigente, la no entrega de estos proyectos perjudica a más de 240 personas que se pretendía emplearlas durante ocho meses de trabajo.
Según los perjudicados, desde la EEASA. Se estaría privilegiando a contratista de las provincias de Tungurahua y Cotopaxi, los mismos que no han cumplido los parámetros de contratación y sin embargo serán beneficiados con los contratos.
Los profesionales eléctricos y sumado a ellos, el asambleísta que ya se despide Henry Moreno, esperan que la denuncia presentada en la Contraloría tenga la aceptación esperada, se audite, y se dictamine responsabilidades. “Se ha violentado la Ley Amazónica que establece preferencias para la mano de obra local, debe existir sanciones a los responsables, y no es posible que se margine a los profesionales locales” dijo Moreno.