El derrame de petróleo que afecto a más de 100 comunidades en el curso del río Coca, aun no ha sido resuelto por el Estado
Dirigentes, activistas, comuneros y religiosos, a través de medidas cautelares esperan que se atienda a más de 27 mil personas que padecen consecuencias nefastas, debido al derrame de petróleo ocurrido en el mes de abril en el límite entre Orellana y Napo.
Desde el 7 de abril de 2020, cuando se dio la rotura de los oleoductos OCP y SOTE, que ocasionó el derrame de aproximadamente 15 mil barriles de hidrocarburos en los ríos Coca y Napo, sigue la preocupación de 27 mil comuneros que habitan en las riberas de los ríos, quienes demandan atención del Estado y de las empresas respectivas.
La Federación de Comunas Unión de Nativos de la Amazonía Ecuatoriana (FECUNAE) que la preside Carlos Jipa, ha conseguido el apoyo de varias organizaciones, como la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA); la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE); la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE) y la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos; mismos que para reforzar el reclamo, realizaron el lanzamiento oficial de la campaña internacional “Detén la Extracción en la Amazonía”, campaña que fue oficializada el 4 de agosto del 2020; la iniciativa busca fortalecer la agenda de las organizaciones indígenas frente a la defensa de sus territorios y promover acciones estratégicas para exigir la suspensión del flujo de petróleo que se cumple por medio de las tuberías.
El reclamo se intensifica debido a que luego de haber transcurrido más de 65 días del derrame, no existiría un pronunciamiento claro desde el Estado y las empresas para remediar los daños y atender a los perjudicados. Por lo que el pasado 4 de agosto del 2020, decenas de comuneros Kichuas acudieron hasta las inmediaciones de la Corte Provincial de Justicia en la provincia de Orellana, para exigir a los jueces que agiliten los trámites y den una respuesta a las medidas cautelares presentadas en su tiempo por los comuneros.
El presidente de FCUNAE, Carlos Jipa, molesto con las autoridades y congratulado por el apoyo recibido de varias organizaciones, realizó una advertencia. “No nos quedaremos callados mientras nos sigan contaminando con petroleo, queremos atención inmediata del gobierno, las compañías petroleras y la justicia del país, mi gente se está muriendo, no tenemos agua ni alimentos, estaremos por siempre exigiendo nuestros derechos», refirió.
María Espinosa, abogada de los comuneros y defensora de Derechos Humanos, indicó que el estado ecuatoriano ha violado sistemáticamente los derechos humanos y colectivos de los pueblos indígenas y ha privilegiado los intereses corporativos y extractivos durante décadas. Las autoridades estatales, compañías como Petroecuador EP. y OCP, no han cumplido con sus obligaciones de atención, protección y reparación a los 27 mil comuneros que habitan a lo largo del rio Coca.
Además que debido a la pandemia del coronavirus, los comuneros han sobrevivido sin agua ni alimentos y en precarias condiciones de salud. «Las organizaciones de derechos humanos nos unimos una vez más para exigir que los derechos de los pueblos indígenas y de la naturaleza sean respetados y garantizados», dijo.
Plataforma de la campaña: Detén la Extracción en la Amazonía
la inmediata suspensión del bombeo y el drenaje controlado de los contenidos de las tres tuberías mientras no haya evidencia de prevención efectiva de un nuevo derrame;
el establecimiento de un mecanismo efectivo y ágil de información a todos los potenciales afectados, sobre la naturaleza de la erosión regresiva y los riesgos a la infraestructura, los riesgos por las variaciones de la sedimentación del río;
el establecimiento de planes efectivos de respuesta inmediata, atención y reparación ante posibles inundaciones y otros daños;
la provisión de agua y proteína animal de manera estable, constante y duradera hasta que el río recupere sus condiciones de normalidad y las comunidades puedan restablecer su relación tradicional con el río;
la inclusión integral de los afectados, individuos y comunidades, en la decisión de todas las medidas que se requieran, a través de consultas apropiadas.
