La empresa >Puentes y Calzadas> en 300 días construirá la cárcel de máxima seguridad. Mientras grupos sociales cumplen 10 días de protesta en rechazo a la mega obra.
¡La cárcel va, porque va!.. El Servicio Nacional de Atención Integral para Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI) otorgó a la empresa >Puentes y Calzadas> el contrato para la construcción de la cárcel de máxima seguridad en Archidona-Napo, el plazo de ejecución de la obra será de 300 días.
Mientras tanto, autoridades de Napo, comunidades indígenas y sectores sociales de la Amazonía cumplen el décimo día de protestas, le llaman acciones de >resistencia>, todo obedece como un rechazo a la construcción de la cárcel.
El director general del SNAI, Luis Eduardo Zaldumbide, en nombre de la institución y del Gobierno central habría finiquitado el procedimiento de contratación para la construcción de la cárcel en Archidona. La información se publicó en el portal del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), la noche del martes 10 de diciembre, dicho contrato corresponde a la Resolución Nro. SNAI-SNAI-2024-0390-R.
El pasado 4 de diciembre, la Comisión Técnica había recomendado que se adjudique el proceso a la compañía (Puentes y Calzadas Infraestructuras S.L.), por un valor de 51,9 millones de dólares, más IVA.
El plazo de ejecución de la obra será de 300 días contados a partir del día siguiente de la autorización por escrito, disponiendo el inicio de la obra por parte del administrador del contrato, el SNAI.
La adjudicación de la obra carcelaria se ejecuta, mientras las comunidades amazónicas cumplen este jueves diez días de protestas contra el proyecto y por ende contra el Régimen del presidente Daniel Noboa.
Debido a las manifestaciones y la concentración masiva de protestantes en la Y de Baeza que une a las provincias de Napo, Orellana y Sucumbíos, comunidades existentes en el trayecto han quedado incomunicadas. Cientos de ciudadanos se mantienen en diferentes puntos estratégicos de la provincia de Napo obstaculizando el tránsito vehicular.
Las comunidades sostienen que la cárcel afectará a instituciones educativas cercanas y consideran como una amenaza al entorno natural. Hasta el momento los impulsadores de las protestas, ratificaron que no permitirán que se construya la cárcel en ninguna provincia de la Amazonía. S/U.
