Las autoridades del lugar no cumplen con su obligación de salvaguardar los intereses ciudadanos, no defienden a la provincia de Napo, expresaron los manifestantes que asistieron a la marcha por la eliminación de la minería en la provincia.
Foto: Primicias.ec
Las actividades mineras que deterioran el medio ambiente y provocan grandes trastornos sociales ha generado inquietud en la ciudadanía de la provincia del Napo, que últimamente procura mediante protestas, controlar el descontento social por estas actividades.
En las últimas horas, cientos de personas se volcaron a las calles en Napo, para denunciar la grave contaminación provocada por actividades mineras legales e ilegales, a vista y paciencia de las autoridades.
Marlon Vargas, Presidente de la CONFENIAE, en su intervención preguntó el porqué callan las autoridades: “Porque las autoridades de Napo tienen maquinaria en Yutzupino ¡Son cómplices carajo!”, denunció el representante de los pueblos y nacionalidades de la Amazonía.
Esta grave acusación se escucha desde hace varias semanas, pero los ciudadanos temían denunciarlo. Desde noviembre de 2021, que comenzó la “fiebre del oro” en Yutzupino, los comuneros denuncian la existencia de gente armada, prostitución, alcoholismo e incluso más de una docena de muertos, en los frentes mineros ilegales.
Sin embargo, las instituciones de regulación y control no han tomado cartas en el asunto.
“Hemos iniciado acciones legales contra la minería, pero en la Corte dijeron que sólo hay minería ilegal y eso es una absoluta mentira”, dijo Eduardo Rojas, abogado de Tena. Gran parte de la provincia está concesionada a la transnacional minera Terraearth Resources, de capitales chinos.
Esta compañía es la dueña de las concesiones Talag, Confluencia, Anzu Norte y El Icho, justo donde se desarrolla la minería ilegal en Yutzupino y ya ha devastado 150 hectáreas.
Rojas denuncia que la empresa no realizó la “consulta previa” para pueblos y nacionalidades, razón por la cual la Corte Constitucional revirtió 52 concesiones mineras hace tan sólo unos días en la comunidad Ai Cofan Sinangoe, en Sucumbíos.
“Hace cuatro días salió una sentencia dándole una orden al Gobierno del Ecuador a que respete la consulta previa”, dice Gregorio Mirabal, presidente de la COICA, quien denunció que “las autoridades están ausentes porque tienen las manos manchadas de sangre”.
Durante la marcha presentaron una denuncia formal en la Fiscalía de Tena, para que inicie las investigaciones pertinentes.
