La lucha del pueblo de Napo en contra de la minería ilegal, (y también de la llamada legal), se basa en la una se nutre de la otra, es decir, la minería «legal», está en constante negociación con la minería ilegal a la que incluso compran el oro y justifican con sus documentos, es decir, lavan el oro de la minería ilegal…
Durante la campaña electoral, todos ofrecieron luchar en contra de la minería ilegal, pero al llegar a los puestos que electoralmente buscaban, su actitud es diferente. Aquello se evidenció en la ausencia de autoridades durante las marchas que convocan los colectivos que luchan por un desarrollo sustentable, para erradicar la minería ilegal e irresponsable.
José Moreno, activista por la vida de la provincia, afirma que invitaron a todas las autoridades, pero nadie asistió, todos tienen excusa. “La actividad minera no puede ser justificada en el hecho de ser una válvula para la supervivencia, si sabemos que Napo es productiva y turística por excelencia”, refirió Moreno.
Con la incautación de maquinaria durante la operación “Manatíe”, (140 máquinas incautadas), no se ha logrado mucho porque ahora, los mineros ilegales trabajan con maquinaria alquilada y se han abierto otros frentes, refiere el entrevistado. “Las autoridades hacen caso omiso de los requerimientos de la población y también existe la complicidad de los entes estatales y la vinculación de autoridades con esas actividades”, dijo José Moreno.
Ratificó nuestro entrevistado, que varias autoridades, ahora electas, fueron financiadas con dineros provenientes de actividades de la minería ilegal, eso es “un secreto a voces”. Algunas autoridades huyen del foro cuando hay referencia a la minería ilegal.
Como demanda de los grupos por la vida y desarrollo sustentable, está la suspensión de toda actividad en territorio de Napo, que se haga efectivo un catastro minero y no más concesiones. Queremos una provincia libre de minería, concluyó José Moreno.
