Alicia, en la audiencia de caso en el 2015, explicó por qué se dio una de las peores matanzas de Tagaeri y Taromenane. Ocurrió en marzo del 2013. Dos abuelos waoranis que decidieron vivir aislados tuvieron que adentrarse en territorio Taromenane debido al ingreso de una carretera para la industria petrolera.
Alicia Cahuiya atendió la llamada de Plan V, la semana pasada, mientras ella estaba en El Coca. Es una suerte encontrarla en la ciudad, pues vive en Nioneno, una alejada comunidad waorani, a 12 horas (seis por tierra y seis por río) de la capital de Orellana. Ella es fundadora y líder de la Asociación Mujeres Waorani de la Amazonía Ecuatoriana (AMWAE). Se había quedado en la ciudad porque el paro de Dayuma (otra población rural que ha reclamado por décadas obras, pese a estar en el centro de la explotación petrolera) interrumpió el transporte.
Durante su espera y la entrevista, recordó su visita a la CIDH en el 2015, donde fue testigo en el ‘caso 12.979 Pueblos indígenas en aislamiento voluntario Tagaeri y Taromenane’. Es un caso que acaba de pasar a la Corte Interamericana de DDHH, lo cual significa un gran avance en la búsqueda de protección de estos grupos. La CIDH lo presentó el pasado 30 de septiembre y es el primero relativo a pueblos indígenas en aislamiento voluntario en la región que llega a la Corte. El Estado ecuatoriano es acusado por una serie de violaciones a los derechos de estos grupos y a sus territorios, así como en hechos relacionados con las muertes violentas de miembros de dichos pueblos en 2003, 2006 y 2013. (Más en: planv.com.ec)
