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Sarayaku quiere aplicar la justicia indígena en su territorio

Entre la comunidad y la Corte de Justicia de Pastaza buscan cooperación y la declinación de competencias para aplicar la justicia indígena.

Art. 172 de la Constitución ecuatoriana, las autoridades de las comunidades están facultados para aplicar la justicia indígena a los habitantes de sus territorios.

Lograron un primer encuentro entre la dirigencia de la comunidad Sarayaku, la directora del Consejo de la Judicatura y algunos jueces de la Corte Nacional de Justicia de Pastaza, el propósito es alcanzar consensos para la aplicación de la justicia indígena.

Hernán Malaver, presidente de Sarayaku, refiere que amparados por el Art. 172 de la Constitución ecuatoriana, las autoridades de las comunidades están facultados para aplicar la justicia indígena a los habitantes de sus territorios que hayan infringido en delitos menores.

El dirigente considera que los diálogos han sido positivos con los operadores de la justicia ordinaria y se ha trazado una hora de ruta, no hay plazos, ni el contenido completo sobre los mecanismos de aplicación de justicia indígena.

Hernán Malaver, presidente de Sarayaku.

Dirigentes de Sarayaku y jueces de Pastaza.

Malaver anticipó que la justicia indígena tan solo se aplicará en casos menores (pago de pensiones alimenticias, pago de deudas, etc.). Mientras, por delitos mayores solicitarán la “declinación de competencias”, que podrá ser requerido a jueces o fiscales para su juzgamiento en, crímenes, asesinatos, etc. Ante lo cual aspiran obtener la cooperación necesaria para la construcción del Código de Procedimientos. Luego de este primer encuentro, sin determinar fecha, próximamente cumplirán una nueva reunión con la participación de los 16 jueces de a Corte de Justicia de Pastaza

En el ámbito político, el dirigente de Sarayaku dio a conocer que tras una reunión de la comunidad han resuelto, el 15 de octubre, día de las elecciones presidenciales, emitir el “voto nulo”, debido a que ninguno de los candidatos responden a los intereses de las comunidades y no cuentan con propuestas de defensa de la naturaleza.

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