Más de 27 mil campesinos son afectados por el derrame de petróleo en la provincia de Orellana. La justicia busca pretextos para dilatar y resolver sobre las medidas de protección interpuesta por los afectados; el Estado les ha abandonado durante la emergencia sanitaria por el Covib 19.
Ha transcurrido más de 70 días para que Jaime Oña Mayorga, Juez de la Corte de Justicia de Orellana, reinstale la audiencia para tramitar las medidas de protección interpuesto por más de 27 mil campesinos que habitan en las riberas de los ríos Napo y Coca, mismos que fueron afectados por el derrame de petróleo debido a la ruptura de los tubos de transporte de petróleo, hecho ocurrido el pasado 7 de abril del 2020.
Los argumentos para dilatar el proceso se debió a que el Juez y varios operadores de justicia de Orellana, se habían contagiado de Covib 19, y la recuperación de la salud de muchos de ellos ha tardado más de 60 días.
Carlos Jipa, es el presidente de la Federación de Comunas Unión de Nativos de la Amazonía Ecuatoriana) (FECUNAE), quien bajo la coordinación y apoyo de varias organizaciones afines y la población afectada, reprochan la actuación de los operadores de justicia y exigen atención a sus reclamos, al tiempo que denuncian la actuación de los jueces dando a entender cierta parcialidad a favor de las empresas Petroecuador, OCP y el Estado ecuatoriano.
El dirigente, denuncia que las empresas no han brindado ningún tipo de apoyo a las comunidades, no han remediado la contaminación de los ríos y el Estado les ha abandonado durante este tiempo que va de la emergencia sanitaria. “La gente no tiene agua, no tiene alimentación, no somos atendidos en salud, el río es todo en estos lugares y están contaminados”, dijo Carlos.
Los comuneros habitantes de las riberas de los ríos contaminados, dicen estar cansados de implorar respeto y atención a sus derechos. Ya el pasado 14 de agosto del 2020 protagonizaron una marcha pacífica por las calles de la ciudad del Coca y en los próximos días buscan mantener una reunión con la gobernadora de Orellana, cuyo propósito es que las autoridades les escuchen y brinde apoyo a la gente que representan. También advirtieron a los operadores de justicia a que actúe de forma imparcial y mirando las afectaciones causadas a más de 27 mil personas.
En caso de no ser atendidos. “De forma imprevista estaremos reclamando nuestros derechos… Vamos hasta las últimas consecuencias, nos tienen que escuchar y atender”, refirió el presidente.
