El vocal del CPCCS dijo que se ha «planteado un reto enorme» porque «todo el mundo hace precampaña», pero en estos casos encontró evidencias «descaradotas».
Por hacer precampaña electoral cuando fue candidata a la alcaldía de Cuenca en las elecciones seccionales de febrero del 2023, se denunciará por presunta infracción electoral grave a Verónica Abad Rojas, vicepresidenta de la República.
La denuncia se produce en un momento político del gobierno de Daniel Noboa Azín, que rompió la relación con Verónica Abad, desde la campaña en los comicios generales anticipados de la segunda vuelta en octubre del 2023; y, al llegar a ser electos como binomio presidencial, la envió a Tel Aviv (Israel) como embajadora por la paz para que medie en el histórico conflicto bélico que mantiene ese país con Palestina.
Un año y cinco meses después de haber ocurrido las elecciones seccionales del 5 de febrero de 2023, el vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) Juan Esteban Guarderas Cisneros anunció, este 16 de mayo de 2024, que presentará una denuncia por infracción electoral grave en contra de Verónica Abad Rojas ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).
También lo hará en contra de Guillermo Churuchumbi Lechón, como excandidato a la prefectura de Pichincha y actual coordinador nacional de Pachakutik, y a Francisco Suárez Abril, excandidato a la prefectura de Tungurahua por el partido Izquierda Democrática (ID).
Guarderas impulsó otros procesos legales en el TCE en contra del alcalde de Quito, Pabel Muñoz, y el exvocal del CPCCS Alembert Vera, en los que obtuvo sentencias favorables.
En este último, lo acompañó su amigo y parte de su fundación de lucha contra la corrupción, Bernardo Jijón Nankervis, que actualmente es funcionario del Consejo de Participación Ciudadana, como subcoordinador nacional de Patrocinio.
En todo caso, la infracción que se plantea en contra de Abad, Churuchumbi y Suárez está tipificada en el artículo 278 del Código de la Democracia, que se refiere a las infracciones electorales graves que son sancionadas con multas desde once salarios básicos unificados hasta 20 salarios, destitución y suspensión de derechos de participación desde seis meses hasta dos años.
En el numeral 7, la sanción se aplica por realizar actos de campaña anticipada o precampaña electoral.
Guarderas dijo que se ha «planteado un reto enorme» al escoger estos tres casos, porque «todo el mundo hace precampaña», pero en estos encontró las evidencias «más descaradotas».
Insistió en que su «radar no estaba» para investigar otros hechos, como en las elecciones presidenciales anticipadas, pero que no descartaría enjuiciar al presidente Noboa por posible campaña anticipada.
El Universo
