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La minería ilegal trae consigo pobreza, contaminación y degeneración social

No se está reclamando una actividad regulada, con un plan de manejo ambiental, o  que los trabajos tengan buenas condiciones de trabajo, sino más bien de actividades ilegales que beneficia a unos pocos en detrimento de muchos.

No es solo el daño ambiental que es mucho, sino también el daño social que empiezan por la imposición de nuevos hábitos, la proliferación de lugares clandestinos y prostitución, el alcoholismo y otras taras sociales. La provincia de Napo viene siendo devastada de forma sistemática año tras año; esto compromete drásticamente a los recursos naturales, pero al final no genera un rédito económico en general para la ciudadanía, sino más bien a las entidades particulares que operan ilegalmente en el territorio.

También se ha denunciado a nivel nacional que la minería ilegal es otra fuente de lavado de dólares de la droga y en fin, todo llega a provocar un desorden social que ahora se reedita en Napo, a casi un año de la operación “Manatí”, que retiró más de 100 máquinas de explotación minera en Yutsupino, de la misma provincia. Además de todo el trabajo que se ha hecho por demostrar a las entidades respectivas el daño que estas actividades generan, ha habido un completo abandono de las autoridades para atender esta urgencia.

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