“Venta de cartera vencida y endeudamiento: proyecto de ley de fortalecimiento y sostenibilidad bajo la lupa”
La aprobación del nuevo proyecto de ley de fortalecimiento y sostenibilidad crediticia, aún sin publicarse oficialmente, ha encendido las alarmas entre expertos y defensores de los afiliados del Seguro Social. Más allá de los aspectos técnicos, la norma revela riesgos económicos, posibles conflictos de interés y un patrón de decisiones que podrían favorecer intereses políticos y privados por encima del bienestar de los ciudadanos.
Según el experto Henry Llanes, la ley permite la venta de cartera vencida a precios reducidos, lo que podría significar pérdidas de entre el 50% y 70% del patrimonio del Seguro Social. “Esto no es solo una cuestión financiera: representa un debilitamiento de los recursos que los afiliados aportan durante años, y una vulneración de la Constitución que protege estos fondos”, señaló Llanes.
Otro punto crítico es la posibilidad de endeudamiento del Banco del IESS con banca nacional y extranjera, pese a que la institución maneja ingresos anuales que superan los 10.300 millones de dólares. Según Llanes, esta medida no fortalece al banco ni a los afiliados, sino que abre la puerta a operaciones que podrían beneficiar a terceros y aumentar la exposición financiera del Estado.
La crítica se extiende a la estructura de poder dentro del Banco, donde el presidente del directorio también ocupa cargos en la administración central y el ministro de Economía forma parte del directorio del Banco. “Se trata de una concentración de decisiones que va en contra de los principios de transparencia y separación de funciones”, enfatizó Llanes.
El experto también cuestionó el contraste entre las promesas de campaña del presidente Daniel Noboa —capitalizar al Banco recomprando bonos— y la realidad, en la que se han retirado 5.560 millones de dólares en efectivo, dejando solo bonos del Estado. Para Llanes, esto evidencia una contradicción entre el discurso oficial y la gestión práctica, con consecuencias directas para los afiliados.
Finalmente, Llanes anticipó que presentarán una demanda ante la Corte Constitucional por inconstitucionalidad, tanto por forma como por fondo, y llamó a la ciudadanía a vigilancia activa. “No podemos permitir que se comprometan recursos esenciales del Seguro Social. Esta ley refleja más intereses políticos y financieros que la protección de los afiliados y del patrimonio del Estado”, concluyó.
En síntesis, la Ley de fortalecimiento y sostenibilidad crediticia no solo genera incertidumbre legal: expone vulnerabilidades económicas, riesgos de corrupción y decisiones políticas que podrían afectar a millones de afiliados. Expertos advierten que la ciudadanía debe mantenerse informada y exigir transparencia antes de que estas reformas se consoliden. Más información de esta noticia la encontraras en el siguiente audio
