¡Esta lucha apenas comienza!
Quito, Ecuador. – El ingeniero Óscar Ayerbe, consejero suplente electo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), denunció en una entrevista reciente que existiría una «consigna política» para impedir su posesión como consejero principal, a pesar de cumplir con todos los requisitos legales y constitucionales.
Ayerbe señaló que su exclusión responde a un acuerdo entre actores políticos que incluiría a autoridades del Consejo y de otras instituciones estatales. Según su versión, la presidencia del CPCCS habría actuado en complicidad con otras autoridades para evitar su ingreso, pese a haber sido legalmente calificado y sin impedimentos registrados.
“La Constitución establece que el Consejo debe estar conformado por siete consejeros principales y siete suplentes. Yo fui electo como primer alterno, cumpliendo con todos los requisitos. Pero se ha utilizado una supuesta inhabilidad, sin sustento legal, para bloquearme», declaró Ayerbe.
Uno de los puntos más polémicos denunciados por Ayerbe fue el uso de una notificación por parte de la Corporación Financiera Nacional (CFN), en la que se habría argumentado un impedimento vinculado a su rol de garante de una deuda empresarial. Según Ayerbe, esta deuda ya se encuentra al día y no existe mora.
«Es ridículo. A mí, como garante, se me notificó sin que exista incumplimiento. Revisé personalmente la situación de pagos y está todo en regla. Aun así, se me registró un impedimento ante el Ministerio de Trabajo», sostuvo.
El ingeniero también cuestionó la posesión de David Rosero, quien, a su criterio, se encuentra impedido por el artículo 15 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación (LOCEP), el cual prohíbe que personas destituidas por causas graves regresen a ejercer funciones públicas en un periodo de dos años. Rosero fue destituido anteriormente por desacato a una sentencia de la Corte Constitucional.
Ayerbe afirmó que la actuación de las autoridades, especialmente del presidente del CPCCS, Antony Fantoni, ha sido deliberadamente excluyente y en perjuicio del debido proceso. «La actitud más grave de Fantoni ha sido impedir el ingreso de un consejero electo. Eso, para mí, es un delito institucional», sentenció.
El entrevistado también denunció que la CFN no ha entregado el sustento técnico que motivó la notificación que lo inhabilitó, y adelantó que enviará una carta formal al presidente de la República, Daniel Noboa, para informarle sobre los presuntos abusos institucionales.
En la entrevista, Ayerbe también criticó el rol de otras entidades como el Tribunal Contencioso Electoral, la Corte Constitucional y el Consejo Nacional Electoral, por permitir la participación de personas que, según él, no cumplían con las condiciones legales.
«Todo esto es parte de un entramado político que busca impedir que ciudadanos con independencia lleguen al CPCCS y puedan incidir en decisiones importantes como la designación de autoridades de control», concluyó.
Pese a los obstáculos, Ayerbe aseguró que continuará defendiendo sus derechos y el de los ciudadanos desde todos los frentes posibles. «No me van a callar. Tengo más visibilidad que muchos políticos en funciones. Esta lucha apenas comienza», advirtió.
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