De que sirven tanta tecnología y actualización si los funcionarios, (una buena cantidad), operan como la delincuencia organizada, tarficando con la muerte…
Noticia hablada
La madre de los hermanos Alvarado, falleció en un hospital de Quito debido a un derrame cerebral, minutos después de sufrir un ataque en su casa. Sus hijos llamaron a la central de emergencia solicitando una ambulancia, pero esta nunca llegó. Los que llegaron fueron trabajadores de funerarias ofreciendo sus servicios, aún sin confirmar que la señora había muerto.
Uno de los hermanos denunció el caso en redes sociales, lo que llevó a su viralización. Posteriormente, el ECU 911 emitió un comunicado, informando que han puesto en conocimiento de las autoridades los hechos, para que se realice una investigación.
Se entrevistó a empleados de dos funerarias, quienes bajo reserva explicaron el supuesto ‘cruce de información’ por parte de los operadores del ECU 911. Algunos operadores presuntamente mantienen alianzas con estos servicios.
El trato consiste en que, al recibir alertas de personas heridas o en riesgo de muerte, los operadores envían nombres, números de teléfono, direcciones y otras referencias a los empleados de funerarias antes de notificar a las entidades de respuesta como bomberos o policía. Por este ‘servicio’, los funcionarios han establecido tarifas que varían según el contexto económico.
Cuando el servicio es particular, el operador exige el 10% del pago. Si el fallecido tenía seguro del IESS, la tarifa es de 100 a 150 dólares. Los empleados de funerarias, indican que este negocio se volvió rentable desde la pandemia, y no solo los operadores del ECU 911 se aprovechan del dolor ajeno.
Policías, médicos, guardias, enfermeras y camilleros en hospitales también estarían involucrados, extorsionando a los funerarios para obtener una tajada, o amenazando con llevar el cuerpo a la morgue, retrasando el trámite de retiro del cadáver.
