Por mis propios derechos y amparada en el art. 95 de la Constitución de la República, me propongo entregar un documento de 19 páginas a nombre del Observatorio de Control Ciudadano, expresó Mónica Jaramillo, directora de esta organización de vigilancia ciudadana
Muchas son las críticas que han surgido a la propuesta de Arturo Verduga referente al reglamento que propone para nombrar el nuevo fiscal general del Estado. Mónica Jaramillo igualmente, hizo en Nina Radio, severas observaciones a dicho documento, solo que ella, lo acompañó de una propuesta que ha sido presentada la mañana de este lunes 26 de agosto, en el propio Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, CPCCS.
Por mis propios derechos y amparada en el art. 95 de la Constitución de la República, me propongo entregar un documento de 19 páginas a nombre del Observatorio de Control Ciudadano, expresó Mónica Jaramillo, directora de esta organización de vigilancia ciudadana.
Por ejemplo, la propuesta establece que quienes deseen postularse deben tener una trayectoria profesional sólida, que nada tenga que ver con sospechas de corrupción y narco tráfico. A eso deberá unirse, para puntaje adicional, maestrías y esfuerzo académico. Igualmente diferenciar cada una de las especialidades académicas que lo dicta la propia jurisprudencia, “no es lo mismo una maestría en gestión pública que otra en derecho penal”, por ejemplo.
MONICA JARAMILLO
Mas allá de las pruebas académicas deberá el postulante someterse a un tribunal que califique “en audiencia”, sus méritos y conocimientos.
Al observar la propuesta de reglamento de Arturo Verduga, Mónica empezó por observar que ahora mismo, tiene unas sentencia pendiente del Tribunal Contencioso Electoral, al ser parte de l llamada “liga azul” que flagrantemente violó la Ley de no pertenecer a ningún partido político para acceder al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
El reglamento propuesto por Verduga es un mamotreto jurídico, calificó Mónica, es un reglamento sin lógica ni estructura, dijo.
Más adelante, Mónica cuestionó que en el TCE ahora hayan solicitado una serie de “pericias”, esas pericias cuestan mucho y de hecho son ya y será a futuro, limitantes para que la ciudadanía pueda llegar con sus denuncias probadas. Es un limitante porque los ciudadanos no tenemos para una pericia que cueste 4 mil dólares, dijo
