Sería una ley atentatoria a la estabilidad laboral y no respetará el derecho a la defensa, es el criterio de Julio Cesar Sarango, ex secretario de la Asamblea Nacional.
Dr. Julio Cesar Sarango. análisis de la Ley de Integridad Pública.
¿Será que si tiene algo bueno esa Ley?. La nueva Ley de “Integridad Pública” impulsada por el presidente Daniel Noboa, aprobado en la Asamblea Nacional (AN) y publicado en el Registro Oficial el 26 de junio de 2025. El Gobierno intenta sembrar la idea de que con esta Ley buscará fortalecer la integridad en la gestión pública, combatir la corrupción y la violencia en el ejercicio de funciones públicas, así como optimizar la eficiencia del sector público.
El mencionado cuerpo legal tiene una serie de reacciones contrarias a lo propuesto por el Régimen. Gremios de trabajadores, educadores, colectivos de médicos, trabajadores de Gobiernos seccionales y más, anticipan que la Ley atentará a la «estabilidad laboral» y los funcionarios estarán condicionados a resultados mediante procesos de evaluación y al capricho del jefe de turno, comentan los dirigentes de trabajadores.
El jurista Julio Cesar Sarango, considera que la nueva Ley atenta a la buena convivencia, tranquilidad y estabilidad de los trabajadores, porque un empleado por más que disponga de un nombramiento no tendría asegurado su permanencia en su puesto de trabajo.
“Es una ley regresiva de derechos que atenta a la seguridad jurídica, quien enfrente un sumario administrativo no tendría la posibilidad de que le garanticen la presunción de inocencia y su despido sería inminente”, refiere.
No se descartaría que esta nueva medida o ley podría ser una exigencia más del Fondo Monetario Internacional (FMI) a pretexto de una eficiencia administrativa y más bien sería para achicar el tamaño del Estado, pero con gran perjuicio para los trabajadores.
Entre tanto para los próximos días se avecina movilizaciones de los sectores sociales y de trabajadores para exigir al Ejecutivo la derogatoria de la ley de Integridad Pública. Igualmente, otros sectores van por la demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional. S/U. 14/07/25.
