“El terreno fue de propiedad de unos familiares míos. Yo vivo cerca de la mansión que está en litigio. Jamás, nunca se le ha visto por ese lugar a la esposa, ni al señor Silva, ni los conozco. Además, en los últimos tiempos el prefecto ha comprado varias propiedades, por eso se le denunció”, indicó el legislador. El asambleísta Jarrín abre otro frente de aparentes investigaciones, de referencia toma las denuncias presentadas por el prefecto de Pastaza, André Granda, del alcalde de Palora, Stalin Zamarenda, de los GADs parroquiales Simón Bolívar e Inés Aranda, sobre supuestos casos de -corrupción- en la emisión de proyectos de obras, donde las autoridades de la Consejo de Planificación y Desarrollo de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica (CTEA) estarían involucrados. “No es posible que los contratistas manejen a la institución. Cuándo aparece una noticia donde se involucran autoridades o instituciones la Fiscalía de Pastaza debería iniciar una investigación, son cómodos nunca lo hacen, quienes cometen actos delictivos deben ir a la cárcel”, denunció Jarrín. Las denuncias contra el prefecto Uyunkar, según el legislador Jarrín serían algunas, suman el caso de la agresión a su esposa; la violación a una joven de Macas, que luego del arreglo económico con los familiares de la víctima, ha salido avante. S/U. 07-09-26.
Legislador Edwin Jarrín tiene en la mira a la CTEA y al prefecto de Morona Santiago

