Investigará denuncia de presunta delincuencia organizada en la CTEA. Autoridades seccionales y representantes del Gobierno central en fechas distintas rendirán sus versiones en la Fiscalía de Pastaza.
Edwin Jarrín, Asambleísta ADN
¡Y ahora, quien me defiende!. La denuncia del asambleísta de Morona Santiago, Edwin Jarrín, sobre una presunta corrupción en la Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica son (STCTEA), tuvo eco en la Fiscalía. La entidad ha convocado a rendir versiones libres y voluntarias a André Granda, prefecto de Pastaza; Estalin Tzamarenda, alcalde de Palora; Oswaldo Valverde, presidente de la (STCTEA) y Daniela Tamayo, Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica (CTEA).
Como denunciante y basado en versiones de las otras autoridades convocadas por Fiscalía, el legislador Jarrín debe rendir su versión libre y sin juramento, el 5 de octubre de 2026, a las 11:00 en la Fiscalía de Puyo-Pastaza. Mientras el resto de convocados lo harán en días posteriores y en el mismo lugar, así confirmó el asambleísta Jarrín en una entrevista concedida a Nina radio de Puyo el día 18 de septiembre de 2026.
Todo el caso se deriva de unas versiones emitidas por André Granda, en un medio de comunicación de Pastaza, donde advirtió que en la (STCTEA) existiría una supuesta red de corrupción calificada como la de “Alí Babá y los 40 ladrones.
“El prefecto en su comparecencia debe explicar su comentario, debe dar nombres completos de los posibles integrantes de esta supuesta red, de autoridades, de asesores externos, contratistas y talvez la entrega y recibimiento de coimas”, advierte el legislador Jarrín.
La Fiscalía también ha ordenado la pericia de audios y videos de los archivos publicados en redes sociales que formarán parte de las diligencias. Además, solicitó a la Contraloría General del Estado informar si durante el 2025 y 2026 realizó a la CTEA auditorías, exámenes especiales, controles o investigaciones relacionadas con el Fondo Común Amazónico.
“Espero la comparecencia del alcalde de Palora, porque en una oportunidad manifestó que emisarios de la CTEA, le habían exigido 30.000 y otros, en otra ocasión 100.000 dólares para que sean encaminados los proyecto; versiones que deben ser aclaradas por el delegado del presidente de la República a la CTEA, Oswaldo Valverde, podría existir un posible delito de delincuencia organizada con indicios de peculado”, expresó Jarrín.
La investigación se encuentra en etapa previa, por lo que estas diligencias no constituyen una determinación de responsabilidad. Será Fiscalía la encargada de esclarecer los hechos y determinar si existen responsabilidades de tal o cual autoridad o funcionario. S/U.20-09-26.
