Algunas autoridades seccionales de Pastaza, Morona Santiago y Orellana, denunciaron públicamente que al interior de la CTEA habría una supuesta corrupción, llegando al extremo de exigir dinero a cambio de aprobar proyectos de obras. El asambleísta de Morona Santiago, Edwin Jarrín, interpuso la demanda correspondiente y ahora, la Fiscalía desarrolla la etapa de comparecencias para receptar sus versiones.
Este 16 de noviembre del 2026, en la fiscalía de Pastaza comparecieron dos autoridades, el asambleísta de Morona Santiago, Edwin Jarrín, como principal denunciante de la supuesta corrupción al interior de la CTEA. Luego de rendir su versión lamentó que no se haya receptado primeramente las versiones de los denunciados y sugirió que el caso sea derivado hasta la fiscalía de Quito, porque teme que en Pastaza los fiscales y jueces puedan ser cooptados y el caso quede en nada y los involucrados impunes.
André Granda, prefecto de Pastaza hace tiempo atrás en un medio de comunicación de Pastaza expresó que, en la CTEA, existe el denominado (Ali-Babá) refiriéndose igual a una supuesta red de corrupción al interior de la institución amazónica. Luego de rendir su declaración en la fiscalía, Granda manifestó que se ha ratificado en sus versiones anteriores e incluso ha entregado documentos para probar lo denunciado.
“Acudí a rendir mi versión libre y voluntaria en calidad de testigo en la fiscalía de Pastaza en el caso denominado (Alí-Baba). No es posible que asesores externos, contratistas incumplidos tomen decisiones en la entrega de recursos de los Amazónicos. No debemos permitir que a través de la política algunos se hagan ricos. Presenté más elementos y la fiscalía debe investigar”, indicó el prefecto Granda

