La Juez a cargo del caso ha convocado para el día 6 de noviembre del 2026 a una audiencia donde los involucrados escucharán a los peritos que analizaron los argumentos. La fecha de la sentencia es incierta.
Llegará algun día la sentencia?. Colectivos sociales, indígenas, la iglesia, Defensoría del Pueblo, son los demandantes. Mientras los Gobiernos seccionales de Pastaza, Mera, prefectura de Pastaza, Petroecuador, Ministerio del Ambiente y Energía, son los demandados por la contaminación de ríos y varios esteros de Puyo-Pastaza; la no atención de las autoridades a su debido tiempo podría traerles consecuencias legales, administrativas y económicas.
La jurista Cristina Melo, que integra la defensa técnica de los demandantes, en una entrevista en Nina radio de Puyo el 25 de septiembre de 2026, consideró importante el pronunciamiento de las autoridades seccionales locales, donde reconocen que la mayoría de ríos, así como los esteros que circundan Puyo están totalmente contaminados desde hace más de 22 años. Lamentó que el proceso se haya dilatado mucho tiempo, ya que fue denunciado en abril del 2026, por una clara violación a los derechos humanos de las personas y a la naturaleza.
“Ninguna autoridad ha puesto el debido interés por solucionar a tiempo este mal que aqueja a la ciudadanía.
Se ha evidenciado que las descargas de aguas servidas de las viviendas son descargadas directamente en los ríos. Nadie toma en cuenta que aguas abajo los comuneros beben el agua de esos ríos, siendo un atentado a la salud y la vida”, denunció la abogada Melo.
El mencionado caso jurídico muestra actualmente un panorama de silencio y calma. Sin embargo, Melo informó que la Juez María Elena Núñez, ha convocado a las partes a una audiencia para el 6 de noviembre de 2026 donde se escuchará las versiones de los peritos que inspeccionaron los ríos, sitios de descarga de las aguas, etc. Quedando en la incógnita por saber cuando será la fecha en que la Juez emita la sentencia respectiva.
Los demandantes dese ya, exigen a la Jueza que la sentencia debe estar encaminada a que las entidades demandas apliquen un plan de remediación integral, efectivo, transparente, con datos técnicos y presupuesto estable. “No bastará que la sentencia diga que los ríos están contaminados, eso es más que evidente. De ser posible debe exigir que los presupuestos utilizados en remediaciones parches sean revisados”, anunció Melo. S/U-25-09-26.
