El ministerio del ambiente, el municipio del cantón Pastaza, el Gobierno provincial, el municipio del cantón Mera y otras instituciones deberán responder por los daños al medio ambiente ocasionados por la contaminación del río Puyo.
Esta acción la llevan adelante la Defensoría del Pueblo, la Comuna San Jacinto, el pueblo Kichwa de Pastaza, un grupo de mujeres y 500 firmas presentadas ante autoridad competente.
De acuerdo con la expresión de Luis Canelos, Presidente de los Kichwa de Pastaza, las jueza del caso está investigando la real incidencia que tiene en las comunidades indígenas la contaminación del Pastaza, mientras las entidades responsables, se “lanzan la pelotita”, responsabilizando al otro por la situación que atraviesa el río Puyo, ahora ya “medio muerto» por la contaminación.
Gobiernos nacional y seccional, “se lavan las manos, en contaminación del río Puyo
Esta acción la llevan adelante la Defensoría del Pueblo, la Comuna San Jacinto, el pueblo Kichwa de Pastaza, un grupo de mujeres y 500 firmas presentadas ante autoridad competente.
En el diálogo sostenido con Nina Radio, Canelos supo manifestar que incluso, la jueza podría disponer que los estudios hechos para la nueva obra de alcantarillado que lleva adelante el municipio tengan estudios más rigurosas y demuestren que lo expuesto en la realización de su obra, sea efectiva, no vaya a ser que, como la vez anterior, el proyecto quede a medias sin cumplir las expectativas ciudadanas y la contaminación siga su curso.
Este será un proceso a largo plazo, dijo Luis Canelos, la jueza deberá considerar lo expuesto por quienes han planteado la demanda.
El caso es que las comunidades indígenas de las riberas del río Puyo se ven seriamente amenazadas por la contaminación y además, no tienen los servicios básicos como el agua entubada, por lo que siguen utilizando las aguas del río, ahora severamente contaminadas y eso significa riesgo incluso para la salud de los moradores.
