Legislador Edwin Jarrín tiene en la mira a la CTEA y al prefecto de Morona Santiago

Investiga supuestos actos de corrupción en la emisión de proyectos que habrían ocurrido en la CTEA. Tiyua Uyunkar, prefecto de Morona Santiago, es investigado por un supuesto caso de “testaferrismo”, donde estaría implicado un familiar de un candidato a prefecto de Pastaza.
¡Vamos con todo, los que sabemos deben estar en la cárcel!. “Tengo la esperanza de que la fiscalía y los jueces actúen de forma correcta y envíen a la cárcel a quienes cometieron el delito. Los operadores ya deben estar en acción para comprar a los jueces, eso no se va a permitir”, mencionó el asambleísta Edwin Jarrín representante de la provincia de Morona Santiago, en una entrevista en Nina radio, el día 7 de septiembre de 2026. En su legítimo derecho en la tarea de fiscalizar, el legislador Jarrín ha expuesto el denominado caso “Chozita”, relacionado con un supuesto “testaferrismo” que involucra a Tiyua Uyunkar, prefecto de Morona Santiago. De acuerdo a la denuncia presentada y ya siendo investigada por la Fiscalía se trataría de la construcción de un inmueble cuyo valor sobrepasaría el medio millón de dólares. Pero mientras se investiga el caso la “chozita” como un supuesto caso de enriquecimiento ilícito en contra del prefecto Uyunkar, aparece la señora Amalia Silvia F. A., esposa del candidato a la prefectura de Pastaza, Derlys Silva, quien funge como supuesta dueña del inmueble en cuestión. El legislador Jarrín le considera a Amalia, de haber actuado como “testaferro” del prefecto. Aspira que las denuncias presentadas sean investigadas por Fiscalía.

“El terreno fue de propiedad de unos familiares míos. Yo vivo cerca de la mansión que está en litigio. Jamás, nunca se le ha visto por ese lugar a la esposa, ni al señor Silva, ni los conozco. Además, en los últimos tiempos el prefecto ha comprado varias propiedades, por eso se le denunció”, indicó el legislador. El asambleísta Jarrín abre otro frente de aparentes investigaciones, de referencia toma las denuncias presentadas por el prefecto de Pastaza, André Granda, del alcalde de Palora, Stalin Zamarenda, de los GADs parroquiales Simón Bolívar e Inés Aranda, sobre supuestos casos de -corrupción- en la emisión de proyectos de obras, donde las autoridades de la Consejo de Planificación y Desarrollo de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica (CTEA) estarían involucrados. “No es posible que los contratistas manejen a la institución. Cuándo aparece una noticia donde se involucran autoridades o instituciones la Fiscalía de Pastaza debería iniciar una investigación, son cómodos nunca lo hacen, quienes cometen actos delictivos deben ir a la cárcel”, denunció Jarrín. Las denuncias contra el prefecto Uyunkar, según el legislador Jarrín serían algunas, suman el caso de la agresión a su esposa; la violación a una joven de Macas, que luego del arreglo económico con los familiares de la víctima, ha salido avante. S/U. 07-09-26.

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