Un allanamiento de la Fiscalía General de Ecuador a los despachos de dos juezas de la Corte Nacional de Justicia, encaró a las dos entidades, que han defendido su actuación en medio de investigaciones de supuesta corrupción en el propio sistema de administración de la ley.
NOTICIA HABLADA
La Fiscalía, en un comunicado, justificó los allanamientos efectuados el viernes y dijo que ese tipo de «actuaciones autónomas y objetivas», representan un «elemento fundamental para los controles mutuos», y la independencia de cada una de las instituciones.
La Fiscalía informó anoche que allanó «un domicilio y las oficinas de dos juezas de la Corte Nacional», quienes habrían aceptado un recurso de hábeas corpus en favor de Wilman Terán, exjuez y expresidente del Consejo de la Judicatura, vinculado a un sonado caso de corrupción en la justicia.
Según el Ministerio Público, esas juezas «habrían favorecido a Wilman Terán, procesado en el caso Metástasis, con una acción constitucional para su traslado» a la llamada «cárcel 4» de Quito, desde otra prisión de máxima seguridad en la ciudad portuaria de Guayaquil.
La Fiscalía recordó este sábado que es la entidad titular de la acción penal pública y que sus investigaciones se efectúan «sobre la base de indicios fundados de la comisión de actos delictivos».
Aclaró, también, que sus allanamientos se amparan en la autorización dada por un juez competente tras verificar «la pertinencia, necesidad y legalidad de dicho acto», según lo establece la normativa interna.
Los allanamientos ejecutados han permitido «la obtención y preservación de información» y también la posibilidad de su eventual «destrucción», añadió la Fiscalía y recordó las denuncias sobre un «evidente estado de descomposición institucional provocado por grandes redes de corrupción a todos los niveles y poderes del Estado».
Se refirió a los casos identificados como «Metástasis, Purga y Plaga», sobre supuesta corrupción en diferentes esferas del Estado, y en los cuales ha identificado aparentes «mecanismos complejos y tecnificados» elaborados por grupos de poder al margen de la ley, «cuyo principal aliado ha sido el Sistema de Justicia del país».
