Audiencia por la acción de protección en defensa de los ríos de Puyo va por la segunda semana, demandados y demandantes presentan sus alegatos, las pruebas evidencian una contaminación de 467 veces más de lo permitido.
Desde el pasado 2 de junio de 2026, en la Corte de Justicia de Pastaza se desarrolla la audiencia de “acción de protección”, presentada por varios colectivos sociales, comunidades indígenas, ciudadanía del área urbana y la Defensoría del Pueblo, en contra del Ministerio del Ambiente, Empast, prefectura de Pastaza, municipio de Pastaza y municipio de Mera, el argumento es la no intervención de estas entidades para lograr limpiar los ríos, descontaminar y proteger a los ribereños que consumen esas aguas.
Durante la primera semana de audiencia, los demandantes expusieron sus argumentos técnicos, con claras muestras de que los ríos y sus especies van camino a la muerte. Posteriormente, la jueza del caso María Elena Núñez, visitó algunas comunidades para testificar lo que antes denunciaron los demandantes. Mientras tanto los equipos jurídicos de las entidades demandas, intentan justificar su defensa aduciendo que los daños vendrían desde hace 20 años y que actualmente los municipios con los proyectos de obras de alcantarillado y remediaciones buscan salvar el inconveniente.
Este lunes 8 de junio, se reinstaló la audiencia con la presencia de las partes, dirigentes de Pakkiru, comuna San Jacinto son los que mayor importancia expresan al tema. El jurista Mario Melo Cevallos, defensor jurídico de las comunidades, Yajaira Curipallo, comisionada de la Defensoría del Pueblo y Luis Canelos, presidente de Pakkiru, coincidieron en manifestar que las pruebas técnicas expuestas concluyen en una clara afectación a los ríos
Mario Melo dio a conocer que la jueza María Elena Núñez, hará la petición correspondiente para que el próximo 19 de junio, un equipo técnico de la empresa de agua potable de Quito venga a Puyo, tomen muestras de las fuentes de agua de los ríos y sus afluentes, presenten el informe para el análisis jurídico que será esencial para la aplicación de la sentencia.
