El Estado reconoce su inacción en el control de la minería ilegal

Defensores de la naturaleza celebran que el Gobierno haya decretado la suspensión de la actividad minera en Napo, exigen controles estrictos para salvar las cuencas del río Napo.

José Moreno, activista que defiende la naturaleza.

¿Quién me asegura que mineros ilegales van a salir de Napo!. El pasado 2 de febrero de 2026, Inés Manzano, ministra de Energía y Ambiente firmó una resolución que suspende totalmente toda actividad minera metálica y no metálica en la provincia de Napo. La medida busca frenar la grave contaminación ambiental y la minería ilegal en la cuenca del río Napo, no se conoce fecha definida para su reanudación.

La provincia de Napo es la más afectada por la actividad minera en su mayoría ilegal y desde hace tiempo atrás, sin que autoridades del Gobierno central, ni gobiernos locales hayan actuado para impedir el atropello ocasionado a la naturaleza.

Jose Moreno, activista de la organización “Napo ama la Vida”, ve con buenos ojos la decisión tomada por el Gobierno nacional de suspender las actividades mineras en su provincia (Napo), con lo cual el Estado estaría reconociendo que han fallado en el control y vigilancia de estas actividades que son dañinas para la naturaleza y su gente.

“El 95% de las concesiones aparentemente son legales y el 5% son fijos ilegales en toda la cuenca del río Napo, entre los cantones Carlos Julio Arosemena y Tena. El Estado no ha podido controlar y hoy reconoce que existe contaminación y afectación a las cuencas hídricas de la provincia. Por diversas razones han permitido que mineros ilegales exploten sin estudios, sin licencia ambiental, sin permisos, etc.”, indicó Moreno.

Cuenca del río Napo afectado por la minería..

Con la medida dictada por el Gobierno, las entidades de control como Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Fiscalía y otras, tienen la facultad para controlar e impedir que continúen ejerciendo actividades mineras en Napo. Si existe alguien que realice alguna actividad minera están facultados para aplicar sanciones.

El activista Moreno recuerda que desde hace años atrás como “Napo ama la vida” han denunciado los daños ocasionados a los ríos y las cuencas hídricas, en cierta ocasión habrían solicitado al Gobierno central la declaratoria de un estado de excepción focalizado en Napo para poder bloquear toda actividad minera, situación que no ha tenido eco desde el Ejecutivo. Además, como complemento anuncia que exigirán al Gobierno la presentación de un proyecto de remediación para recuperar las cuencas de los ríos destruidos y contaminados. De las 1654 denuncias presentadas por minería ilegal, tan solo 34 han llegado a última instancia con alguna sentencia, mientras el resto han terminado siendo archivadas, existe mala práctica de la justicia y la Fiscalía que no asume su rol para sanear este fenómeno que atenta contra la vida, denuncia Moreno.

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