“Alza del diésel: ajuste fiscal disfrazado de eliminación de subsidios, advierte Alberto Acosta”
El economista Alberto Acosta Espinosa advirtió que la reciente medida del Gobierno
sobre el alza en el precio del diésel responde principalmente a la necesidad de cubrir el déficit fiscal y no a la supuesta eliminación de subsidios, como lo ha presentado el Ejecutivo.
En entrevista con Minas Radio, Acosta explicó que el argumento oficial de focalizar los beneficios para evitar que lleguen a sectores como minería ilegal, pesca ilegal o contrabando, no es el fondo del asunto. “Lo que pesa aquí es la presión fiscal. El déficit del Presupuesto General del Estado supera los 5.000 millones de dólares y podría acercarse a los 6.000 millones. Esa es la verdadera razón de la medida”, señaló.
El economista recordó que desde la década de 1980, los incrementos en los precios de los combustibles han estado motivados por exigencias de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y no por una política energética integral. “Nunca se han incorporado criterios sociales, productivos, ambientales o energéticos; lo único que cuenta es reducir el déficit fiscal”, enfatizó.
Impacto en la ciudadanía y sectores productivos
Según Acosta, aunque no se espera un proceso inflacionario sostenido por el alza del diésel, sí se registrarán incrementos en rubros clave. “El transporte será el primero en trasladar los costos a la población, lo que a su vez impactará en el agro, con subida de precios en alimentos y encarecimiento de la producción. Todo esto golpeará sobre todo a los sectores más pobres”, explicó.
El analista también advirtió que la competitividad de algunos productos ecuatorianos en mercados internacionales podría verse afectada por el aumento de los costos de transporte y producción.
Subsidios selectivos
El Decreto 126, que regula la medida, abre la posibilidad de que algunos sectores, como los grandes grupos de la construcción, continúen recibiendo subsidios, lo que para Acosta evidencia un trato desigual. “No es que desaparece el subsidio para todos, sigue habiendo preferencia hacia ciertos grupos económicos”, subrayó.
Desconfianza en el destino de los recursos
Respecto a la promesa gubernamental de destinar lo recaudado a salud y educación, Acosta se mostró escéptico: “Confiar en esa palabra demanda mucha ingenuidad. Como sucedió con la subida del IVA al 15 %, que supuestamente era para combatir la inseguridad, estos recursos irán principalmente a pagar la deuda externa”.
Una política pendiente
Finalmente, el economista lamentó que Ecuador siga sin implementar una política energética integral. “Desde hace más de 40 años hemos usado los precios de los combustibles para tapar déficits fiscales. Perdimos, una vez más, la oportunidad de diseñar un modelo que no golpee a la sociedad ni a la naturaleza y que sirva para relanzar el aparato productivo”, concluyó.
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