El debate político se centra en marchas y enemigos, mientras los problemas ciudadanos quedan sin respuesta
El escenario político ecuatoriano atraviesa una nueva etapa de tensiones marcada por marchas, consultas populares y una polarización que parece no ceder. En diálogo con NINA Radio, el constitucionalista Milton Castillo Maldonado analizó el trasfondo de estos hechos, cuestionando tanto la estrategia del Gobierno como la narrativa de la oposición.
La marcha por la paz y la seguridad, convocada por el Ejecutivo, dejó más dudas que certezas. Según Castillo, resulta contradictorio que el propio Estado organice manifestaciones para exigir derechos que ya tiene la obligación de garantizar. El gesto, en lugar de fortalecer la confianza ciudadana, expuso la fragilidad del discurso oficial. Al mismo tiempo, las contramarchas de organizaciones sociales, aunque menos multitudinarias, mostraron capacidad de convocatoria y se perfilan como un foco de presión política.
El debate también se concentra en la consulta popular y el referendo que impulsa el presidente. Las preguntas, reformuladas tras observaciones de la Corte Constitucional, corren el riesgo de convertirse en un plebiscito sobre la gestión gubernamental más que en un ejercicio de deliberación ciudadana. Castillo advirtió que, si el resultado es adverso, el mandatario podría salir debilitado y con menor margen de maniobra política.
Uno de los puntos más críticos es la estrategia de polarización. El Gobierno insiste en posicionar al correísmo como principal adversario, mientras parte de la ciudadanía continúa rechazando ese modelo político. Sin embargo, esta lógica del “enemigo conveniente” termina otorgando protagonismo a un movimiento que, según el analista, no ha demostrado respeto pleno a la institucionalidad. El resultado: un círculo vicioso en el que el oficialismo y el correísmo se retroalimentan, impidiendo la emergencia de una oposición diversa y legítima.
Más allá de la pugna política, los problemas estructurales siguen sin resolverse. Persisten la inseguridad, la falta de empleo y las deficiencias en el sistema de seguridad social. Programas como el de trabajo juvenil no han mostrado resultados visibles, y escándalos como el caso Progem, que implica millonarias pérdidas para el Estado, revelan la magnitud de la corrupción. Frente a ello, la ciudadanía recibe apenas discursos de pocos minutos del presidente y un equipo de comunicación incapaz de ofrecer explicaciones sólidas.
Castillo concluyó con un llamado a revisar el rumbo político y la conformación del círculo cercano al mandatario, donde persisten vínculos con figuras asociadas al correísmo. Sin embargo, la crítica va más allá de los nombres: el Gobierno necesita demostrar con hechos que puede marcar distancia del pasado y responder a las urgencias de la gente.
La política ecuatoriana parece atrapada en un juego de marchas, consultas y polarizaciones que distrae del verdadero debate: cómo garantizar seguridad, empleo y transparencia en un país exhausto de discursos y enfrentamientos.
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